La Diputación de Teruel apuesta por implantar la administración electrónica en todos los municipios de la provincia

 

La implantación de la administración electrónica, las nuevas tecnologías, es "una forma de combatir la despoblación". Así se ha expresado el presidente de la Diputación de Teruel (DPT), Manuel Rando, en la apertura de la segunda jornada informativa sobre el proyecto 'Mejora del Servicio de Tributos Locales' de la institución provincial, que se ha celebrado esta mañana en Alcañiz.

Rando, que ha cifrado en 4 millones de euros la inversión en materia de administración electrónica en esta legislatura, ha señalado que estas actuaciones "no se ven tanto ni se puede vender como si compramos flores, por ejemplo, pero es el mejor tributo que vamos a dar a los ciudadanos porque se les va a facilitar la relación con la administración y otros muchos temas", ha dicho señalando que es el camino "de que la gente pueda permanecer en el medio rural, porque sin moverse tienen más servicios.

"Desde que entramos en el equipo de gobierno de la DPT vimos que teníamos una administración obsoleta y nos marcamos como objetivo que fuese una administración del siglo XXI", ha manifestado el presidente de la DPT antes de explicar cómo se ha estado trabajando desde hace tres años con los responsables de las áreas de Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica y Gestión y Recaudación y Tributos para llegar a este punto, en el que el sistema ya se está implementando. "Cuesta trabajo, mucho trabajo", ha rematado tras agradecer el trabajo de los trabajadores.

El presidente de la institución provincial ha destacado la inversión de más de 2 millones de euros para estos aplicativos y los ha relacionado con otras líneas de ayudas que van dirigidas a los ayuntamientos, como las que les posibilitan sufragar los costes de las aplicaciones de administración electrónica a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que supondrá a final de la legislatura una inversión de 1,2 millones de euros, 400.000 cada año desde el 2020.

También ha hecho referencia a la nueva línea destinada a contratar un servicio de protección de datos, que suponen otros 180.000 euros al año desde este año, 360.000 al final de la legislatura.

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