Un cazador, vecino de la localidad turolense de
Celadas, se enfrenta a peticiones de condena de hasta 5 años de cárcel y al
pago de una indemnización de 6.000 euros al estar acusado de haber arrojado a
un contenedor de basura a 4 cachorros de perro de raza podenca, dos de los
cuales murieron.
Los hechos, según se ha puesto de manifiesto en el
juicio celebrado este martes –que ha quedado visto para sentencia–, se remontan
a octubre de 2020, cuando unos niños de la localidad llamaron a la protectora
Amigo Mío relatando que habían encontrado a los cachorros en el contenedor.
Tras ser recogidos por los servicios municipales, la asociación se hizo cargo,
hasta su adopción por sendas familias, de los dos perros supervivientes.
El acusado negó haberse desembarazado de los
cachorros. Afirmó que siempre creyó que su perra, ‘Luna’, solo había tenido dos
crías y que, si se hubiera enterado de que había más cachorros, "los
hubiera llevado a la protectora". Subrayó que "no cabe otra cosa que
alguien los cogiera". "Esto pudo ser una chiquillada", agregó.
Agentes del Seprona (Servicio de Protección de la
Naturaleza) de la Guardia Civil que se valieron del Registro de Identificación
de Animales de Compañía de Aragón (Riaca) para localizar a la madre, declararon
que, en una visita a la nave donde se encontraba esta con sus dos crías, el
acusado manifestó que se había desprendido de los otros cachorros. Otros agentes
que comparecieron afirmaron que las pruebas biológicas realizadas arrojaron una
alta probabilidad de que ‘Luna’ fuera la madre de los dos perros que
sobrevivieron.
En el juicio declaró también el veterinario que
atendió en un primer momento a los cachorros supervivientes. Según dijo, estos
tendrían entre 3 y 10 días de vida cuando fueron arrojados al contenedor y
habían recibido alimentación. Agregó que los perros que fallecieron sufrieron
hipotermia.
El fiscal pide para el procesado 15 meses de prisión
por un delito continuado de maltrato animal y abandono de animales, mientras
que la acusación particular, ejercida por Amigo Mío y en manos de la letrada
María José León, solicita 5 años de cárcel y el pago de una indemnización de
6.000 euros a la asociación Amigo Mío. El abogado defensor, José Paulino
Esteban, pide la absolución por entender que no hay pruebas que incriminen a su
representado.
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